Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia
LO 8/2021
- unas preguntas
- sin registro
- con su artículo
- A quién obliga
- Toda entidad pública o privada que organice actividades con menores: escuelas, academias, clubes deportivos, parroquias, ludotecas, campamentos, federaciones deportivas.
- Sanción máxima
- Emplear en actividades con menores a personas con antecedentes: infracción muy grave (art. 8.19 LISOS: de 7.501 a 225.018 €). El resto de incumplimientos del art. 57 de la LOPIVI los sanciona la ley autonómica (art. 59 LOPIVI)
- En vigor desde
- 25/06/2021
- Autoridad
- Comunidades autónomas (protocolos, inspección y sanción) · Ministerio de Juventud e Infancia · Inspección de Trabajo (art. 8.19 LISOS)
LOPIVI, en claro.
La figura de protección depende del tipo de entidad. Los centros educativos con alumnado menor de edad deben tener un Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección (art. 35). Las entidades que hacen de forma habitual actividades deportivas o de ocio con menores deben designar un Delegado o Delegada de protección y aplicar los protocolos que aprueben las administraciones (art. 48). Toda entidad cuyo personal o voluntariado tenga contacto habitual con menores debe exigir la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata (art. 57), y todos tienen el deber cualificado de comunicar las situaciones de violencia.
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Obligaciones y artículos clave
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LO 8/2021 Art. 48.1.c · Delegado de protección
Delegado o Delegada de protección (actividades deportivas y de ocio)
Las entidades que realizan de forma habitual actividades deportivas o de ocio con menores deben «designar la figura del Delegado o Delegada de protección al que las personas menores de edad puedan acudir para expresar sus inquietudes y quien se encargará de la difusión y el cumplimiento de los protocolos establecidos, así como de iniciar las comunicaciones pertinentes en los casos en los que se haya detectado una situación de violencia» (art. 48.1.c LOPIVI). Los centros educativos tienen otra figura: el Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección (art. 35). La formación de estas figuras o la solución para entidades con un solo profesional dependen de la normativa autonómica o de los protocolos de cada administración.
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LO 8/2021 Art. 57
Certificación de antecedentes y deber de aportación
Art. 57.1: «Será requisito para el acceso y ejercicio de cualesquiera profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad, el no haber sido condenado por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales tipificados en el título VIII de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, así como por cualquier delito de trata de seres humanos tipificado en el título VII bis del Código Penal. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales». Según el art. 57.2, cuentan todas las profesiones, oficios y actividades, «retribuidas o no», que conllevan un trato repetido, directo y regular con menores (también el voluntariado), y el art. 57.3 prohíbe a las empresas y entidades darles ocupación a quienes tengan antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos.
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LO 8/2021 Art. 16
Deber de comunicación de la ciudadanía
Toda persona que advierta indicios de la existencia de una situación de violencia ejercida sobre una persona menor de edad estará obligada a comunicarlo de forma inmediata a la autoridad competente y, si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial. El deber de comunicación es especialmente exigible para aquellas personas que por razón de su cargo, profesión, oficio o actividad, tengan encomendada la asistencia, el cuidado, la enseñanza o la protección de personas menores de edad. La LOPIVI no fija por sí misma multas por no comunicar: las comunidades autónomas establecen por ley el régimen sancionador del art. 57 (art. 59), y dar empleo en actividades con menores a personas con antecedentes es infracción muy grave de la LISOS (art. 8.19). No comunicar puede generar además responsabilidad disciplinaria o, en su caso, penal.
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AEPD · Guía centros educativos LOPIVI
Tratamiento de datos en protocolos LOPIVI
La AEPD recuerda que el tratamiento de datos personales en el marco de los protocolos LOPIVI tiene como base jurídica el cumplimiento de una obligación legal (Art. 6.1.c RGPD) y, en el caso de datos especialmente protegidos, el interés público esencial (Art. 9.2.g RGPD). El registro de incidentes debe cumplir minimización: solo los datos necesarios para la gestión del protocolo. Los plazos de conservación deben estar definidos. La información a las familias debe ser proporcionada al inicio del curso o actividad. La designación del Delegado debe ser comunicada y su contacto accesible. Las comunicaciones a Fiscalía no constituyen cesión susceptible de autorización: son deber legal del Art. 16 LOPIVI.
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