Lo que hemos corregido, a la vista

Decía: Empresas y autónomos sujetos al sistema de facturación verificable.

Dice: Empresas y autónomos que usen un programa informático para facturar (Impuesto sobre Sociedades, IRPF con actividad económica, IRNR con establecimiento permanente y entidades en atribución de rentas), salvo quienes lleven los libros del IVA por el SII o tengan su domicilio fiscal en el País Vasco o Navarra; y los fabricantes de ese software.

Decía: Preparar la transición sin prisa. La obligación de uso se reprogramó y no vence este año.

Dice: Tener el programa de facturación adaptado antes de tu fecha y pedir al fabricante su declaración responsable (art. 13 del Reglamento). Si facturas a mano, no te afecta.

Decía: Reglamento de facturación · aplazamiento por RD-ley

Dice: RD 1007/2023 (Reglamento de sistemas de facturación), aplazado por el Real Decreto-ley 15/2025 (convalidado)

Decía: Fuentes concordantes sitúan el aplazamiento en 2027, pero no se ha confirmado en el texto oficial. Confírmalo antes de planificar.

Dice: Aplazamiento publicado en el BOE: Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre (BOE de 03/12/2025), convalidado por el Congreso (BOE de 16/12/2025). Contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, antes del 01/01/2027; resto de obligados, antes del 01/07/2027. Para las sociedades, el margen acaba el 31/12/2026.

Decía: BOE

Dice: RD 1007/2023 · BOE (disposición final cuarta)

Decía: https://www.boe.es/

Dice: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-24840

Decía: 2027

Dice: Antes del 1 de enero de 2027 (sociedades) y del 1 de julio de 2027 (resto)

Decía: Calendario de exigibilidad

Dice: Disposición final cuarta del RD 1007/2023

Decía: Formación proporcional al riesgo, documentada y con evidencia de que se impartió. Y las prácticas de IA prohibidas quedan vetadas desde esa misma fecha.

Dice: Adoptar medidas (formación, guías, instrucciones de uso) para apoyar la alfabetización en IA del personal y de quien opere los sistemas en tu nombre, adaptadas a sus conocimientos y al contexto de uso. Documentarlas no es obligatorio, pero es la mejor forma de acreditarlo. Las prácticas prohibidas del art. 5 rigen desde el 02/02/2025; las dos añadidas por el Reglamento (UE) 2026/1744 (imágenes íntimas o sexuales no consentidas y material de abuso sexual infantil), desde el 02/12/2026.

Decía: Desde el Ómnibus digital (Reglamento (UE) 2026/1744, en vigor el 27 de julio de 2026) el art. 4 obliga a adoptar medidas para apoyar la promoción de la alfabetización; ya no exige garantizar un nivel específico de cada persona. Documentar la formación sigue siendo la forma de acreditarlo.

Dice: El Reglamento (UE) 2026/1744 (Ómnibus digital, en vigor desde el 27/07/2026) reformuló el art. 4: obliga a adoptar medidas para apoyar la alfabetización y aclara que no exige garantizar un nivel concreto de ninguna persona en particular.

Decía: ÚLTIMA REVISIÓN · 18 DE MAYO DE 2026 · VERSIÓN 1.0 · APLICABLE DESDE LA PUBLICACIÓN

Dice: ÚLTIMA REVISIÓN · 25/09/2026 · VERSIÓN 1.1 · APLICABLE DESDE LA PUBLICACIÓN

Decía: Adicionalmente, la sentencia TJUE Pankki S (C-579/21) precisa que el derecho de acceso incluye identificar a personas concretas que han accedido a tus datos: AIM ÆGIS mantiene logs de acceso por usuario y los proporciona en respuesta a solicitudes del Art. 15.

Dice: La sentencia del TJUE de 22/06/2023, Pankki S (C-579/21) , aclara que el derecho de acceso incluye la información sobre las consultas de tus datos (fechas y finalidades). No incluye, en principio, la identidad de los empleados que las hicieron bajo nuestra autoridad, salvo que sea indispensable para que ejerzas tus derechos y siempre ponderando los derechos de esas personas. Conservamos registros de acceso para poder responder a estas solicitudes.

Decía: La base de cada transferencia se comprueba en la fuente oficial y se revisa cuando cambia un proveedor o su certificación (última comprobación: 21/09/2026).

Dice: La base de cada transferencia se comprueba en la fuente oficial y se revisa cuando cambia un proveedor o su certificación (última comprobación de la lista del DPF: 21/09/2026; acuerdo de OpenRouter revisado el 24/09/2026).

Decía: Google LLC figura en la lista oficial del DPF; OpenRouter y Alibaba no figuran. El contrato de encargo de OpenRouter con cláusulas tipo (módulo 2) solo se ofrece a cuentas Enterprise: pendiente de firmarlo o de cambiar de proveedor (comprobado el 21/09/2026). Se pide a la pasarela no retener datos.

Dice: Google LLC figura en la lista oficial del DPF; OpenRouter y Alibaba no figuran (comprobado el 21/09/2026). El acuerdo de tratamiento de OpenRouter (versión de 26/08/2026) forma parte de sus condiciones de servicio, se aplica al aceptarlas e incorpora las cláusulas contractuales tipo de la Decisión (UE) 2021/914, módulo 2 (de responsable a encargado). A 25/09/2026 quedan pendientes: el módulo 3 (de encargado a subencargado) para los datos que tratamos por cuenta de nuestros clientes; el pacto expreso que ese acuerdo exige para enviarle información laboral; y la región y la garantía de la transferencia a Alibaba Cloud International. Se pide a la pasarela no retener datos. Puedes pedir copia de las garantías en .

Decía: es opcional sin necesidad, no almacenamos datos especiales (Art. 9) y NO realizamos perfilado publicitario.

Dice: es opcional sin necesidad, no almacenamos datos especiales (Art. 9) y NO realizamos perfilado publicitario. Los datos que los formularios marcan como obligatorios son necesarios para prestarte el servicio o atender tu solicitud: si no los facilitas, no podremos hacerlo.

Decía: 12 meses

Dice: 12 meses Solicitudes de contacto y de ayuda tras un autodiagnóstico Nombre, correo y empresa; si los das, tamaño de tu cartera y mensaje; el área del autodiagnóstico; huella (hash) de la IP para limitar abusos Medidas precontractuales a petición tuya (responderte y enviarte lo que pides) · Art. 6.1.b RGPD · la huella de la IP, interés legítimo en evitar abusos · Art. 6.1.f RGPD Hasta que pidas su supresión (a 25/09/2026 no hay un plazo máximo fijado)

Decía: Obligación legal · Art. 6.1.c RGPD · Art. 32 RGPD seguridad

Dice: Interés legítimo en garantizar la seguridad de la red y de la información y evitar accesos no autorizados · Art. 6.1.f RGPD (considerando 49)

Decía: Denominación AIM ÆGIS · operado por Biomag S.L.U. CIF B-XXXXXXXX (pendiente de publicación final) Domicilio Madrid · España Contacto DPO designado Ver designación pública del Delegado de Protección de Datos →

Dice: Responsable BIOMAG S.L.U., titular de AIM ÆGIS NIF B01037241 Domicilio Barratxi 39, Pab. 3 · 01013 Vitoria-Gasteiz (Álava), España Contacto Delegado de protección de datos · designación y funciones →

Decía: No te pedimos que te fíes. Cada afirmación lleva su fuente al lado y su fecha, de modo que no dependes de nuestra palabra: lo compruebas tú, en el texto oficial.

Dice: No te pedimos que te fíes. Las respuestas llevan su fuente al lado, de modo que no dependes de nuestra palabra: lo compruebas tú, en el texto oficial.

Decía: Antes de publicar nada, el sistema comprueba que el pasaje citado aparece literalmente en el texto oficial . Lo que no puede verificar, no se publica: se aparca.

Dice: Antes de incorporar un texto a la base, el sistema comprueba que el pasaje aparece literalmente en el texto oficial ; si no puede verificarlo, lo aparca. En cada respuesta se marca qué citas se han encontrado. Que una cita exista no garantiza que la conclusión se aplique a tu caso.

Decía: Nada aparece sin su referencia y su fecha. Un sistema que no puede justificarse no se puede usar para decidir.

Dice: Cada respuesta enseña las referencias en que se apoya, para que puedas comprobarlas. Un sistema que no puede justificarse no se puede usar para decidir.

Decía: Cómo verificamos cada cita contra el texto oficial — y qué no hacemos.

Dice: Cómo contrastamos las citas con el texto oficial — y qué no hacemos.

Decía: no se cree: se comprueba contra el texto oficial antes de enseñártela . Lo que no podemos verificar, no se publica.

Dice: no se cree: cada cita se contrasta con el texto oficial cuando lo tenemos cargado . Lo que no hemos podido verificar se marca como pendiente, no se presenta como hecho.

Decía: Biomag S.L.U. · CIF B01037241 · Barratxi 39, Pab. 3 · 01013 Vitoria-Gasteiz ·

Dice: Biomag S.L.U. · NIF B01037241 · Barratxi 39, Pab. 3 · 01013 Vitoria-Gasteiz ·

Decía: Ningún competidor te dará esta página. Es exactamente por lo que la damos nosotros: saber dónde acaba la herramienta y empieza la persona es lo que te deja dormir tranquilo.

Dice: Te lo decimos por escrito. Saber dónde acaba la herramienta y empieza la persona es lo que te deja dormir tranquilo.

Decía: La Autoridad Independiente de Protección del Informante está operativa desde 01/09/2025. Un trámite más: desde el 10/02/2026 la AIPI permite —y espera— que se le notifique quién es el Responsable del Sistema Interno. Tener el canal montado no basta si la Autoridad no sabe quién responde de él. Y no es teórico: la AIPI ya ha sancionado. Los tres incumplimientos que más detecta son no tener canal, tenerlo sin garantizar el anonimato, e incumplir los plazos —acuse de recibo en 7 días naturales y respuesta en 3 meses— aunque el canal exista.

Dice: La Autoridad Independiente de Protección del Informante está operativa desde el 01/09/2025. Nombrar al Responsable del Sistema no basta: su nombramiento y su cese deben notificarse a la Autoridad (o a la autoridad autonómica competente) en los diez días hábiles siguientes (art. 8.3). Es una obligación legal, no una opción: quien no lo haya notificado está fuera de plazo y debe hacerlo cuanto antes. Tener el canal no basta si no se cumplen sus plazos: acuse de recibo en 7 días naturales y respuesta en un máximo de 3 meses, ampliable otros 3 en casos de especial complejidad (art. 9.2).

Decía: Empresas privadas con ≥50 personas trabajadoras · todo el sector público · entidades de servicios financieros o sujetas a prevención de blanqueo (sin umbral).

Dice: Entidades privadas con 50 o más personas trabajadoras · todo el sector público · sin umbral de plantilla, las personas jurídicas privadas incluidas en los actos de la UE sobre servicios financieros, prevención del blanqueo, seguridad del transporte y medio ambiente · partidos, sindicatos, organizaciones empresariales y sus fundaciones que reciban o gestionen fondos públicos (arts. 10 y 13).

Decía: 20.3 del Estatuto de los Trabajadores). Exige cartel informativo e información ampliada, minimización (no captar la vía pública ni zonas de intimidad), no grabar audio por regla general, conservación limitada (máximo un mes) e información expresa a las personas trabajadoras.

Dice: 89 LOPDGDD y art. 20.3 del Estatuto de los Trabajadores). Exige cartel informativo e información ampliada, minimización (no captar la vía pública ni zonas de intimidad) y no grabar audio salvo riesgos relevantes para la seguridad. Las imágenes se suprimen en un mes como máximo; si hay que conservarlas para acreditar actos contra personas, bienes o instalaciones, se entregan a la autoridad competente en un máximo de 72 horas (art. 22.3). En el trabajo hay que informar antes, de forma expresa, clara y concisa (conviene por escrito para acreditarlo); si se capta un ilícito flagrante, basta con que existiera el cartel (art. 89.1), y nunca se admiten cámaras en vestuarios, aseos, comedores o zonas de descanso (art. 89.2).

Decía: Obliga a emitir facturas con registro de huella encadenada y, opcionalmente, remitirlas en tiempo real (modalidad Verifactu). Plazos: 01/01/2027 personas jurídicas, 01/07/2027 autónomos.

Dice: Quien factura con un programa informático debe usar uno que garantice la integridad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros (registro encadenado con huella) y, si lo elige, remitirlos en el momento a la AEAT (modalidad VERI*FACTU). Usar VERI*FACTU no exime de llevar el libro registro de facturas ni de presentar las declaraciones informativas. Plazos: antes del 01/01/2027, contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades; antes del 01/07/2027, el resto (autónomos en IRPF, entidades en atribución de rentas y no residentes con establecimiento permanente).

Decía: Personas jurídicas · 01/01/2027 Autónomos · 01/07/2027

Dice: Contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades · antes del 01/01/2027 Resto de obligados (IRPF, atribución de rentas, no residentes con establecimiento permanente) · antes del 01/07/2027

Decía: Hasta 50.000 € por ejercicio + sanciones por uso de software no homologado

Dice: Art. 201 bis LGT: multa fija de 50.000 € por ejercicio al usuario de sistemas sin la declaración responsable o alterados; 150.000 € por ejercicio y tipo de sistema a quien los fabrica o comercializa (1.000 € por sistema vendido sin declaración responsable). No hay homologación administrativa: se acredita con la declaración responsable del productor

Decía: 06/12/2023 (RD 1007/2023)

Dice: Publicado el 06/12/2023 y en vigor desde el 07/12/2023 (RD 1007/2023); adaptación exigible desde el 01/01/2027 (Impuesto sobre Sociedades) y el 01/07/2027 (resto)

Decía: Empresas y autónomos que emitan facturas en España (salvo acogidos al SII).

Dice: Empresarios y profesionales con domicilio fiscal en territorio común que expiden facturas con un sistema informático (aunque solo lo usen para parte de su actividad), salvo quienes llevan sus libros de IVA por el SII. El reglamento no obliga a usar un programa: quien factura a mano no está incluido.

Decía: Triple alcance: publicidad activa (difundir, sin esperar solicitud, información institucional, organizativa y de planificación —organigrama—, jurídica y económica —contratos, convenios, subvenciones, presupuestos, cuentas y retribuciones de altos cargos—, de forma clara y accesible a través de un portal de transparencia), derecho de acceso a la información pública de cualquier persona (con procedimiento y plazos, y la protección de datos como límite), y obligaciones de buen gobierno. Se aplica a las administraciones públicas y, además, a partidos, sindicatos y entidades privadas muy subvencionadas (más de 100.000 € o al menos el 40 % de sus ingresos).

Dice: Las administraciones y el resto del sector público deben publicar información sin esperar a que se pida (publicidad activa: institucional, organizativa —organigrama—, jurídica y económica —contratos, convenios, subvenciones, presupuestos, cuentas y retribuciones de altos cargos—, de forma clara y accesible, a través de un portal de transparencia) y atender el derecho de acceso de cualquier persona (con procedimiento y plazos, y la protección de datos como límite); el buen gobierno se aplica a los altos cargos. Solo la publicidad activa alcanza a partidos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas muy subvencionadas (más de 100.000 €, o al menos el 40 % de sus ingresos con un mínimo de 5.000 €). Quien presta servicios públicos o es adjudicatario de contratos públicos debe facilitar información a la Administración cuando se le requiera (art. 4).

Decía: Administraciones Públicas (estatal, autonómica y local) y entidades de derecho público; además, partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales y entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones públicas superiores a 100.000 € anuales o cuando al menos el 40 % de sus ingresos sean subvención pública.

Dice: Administraciones públicas y el resto del sector público (art. 2): publicidad activa y derecho de acceso. La publicidad activa se extiende a partidos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas que reciban más de 100.000 € anuales en ayudas o subvenciones, o cuyas ayudas sean al menos el 40 % de sus ingresos con un mínimo de 5.000 € (art. 3).

Decía: Hasta 60.000 €, bloqueo de inscripción en el Registro Mercantil y de la operativa bancaria

Dice: Ley 10/2010: no identificar o no actualizar la titularidad real puede ser infracción grave (multa desde 60.000 €, arts. 52.1.b y 57) o leve si es ocasional (hasta 60.000 €, art. 58); cierre registral si falta la hoja de titularidad real en el depósito de cuentas

Decía: 1.2): que al menos la mayoría del capital social sea propiedad de trabajadores con relación laboral por tiempo indefinido; que ningún socio tenga más de la tercera parte del capital (con excepciones, como la constitución por dos socios trabajadores al 50 % con 36 meses para ajustarse, o los socios públicos, no lucrativos o de la economía social); y que las horas-año de los trabajadores indefinidos no socios no superen el 49 % del cómputo global de los socios trabajadores.

Dice: 1.2): que al menos la mayoría del capital social sea propiedad de trabajadores con relación laboral por tiempo indefinido; que ningún socio tenga más de la tercera parte del capital (con excepciones, como la constitución por dos socios trabajadores al 50 % con 36 meses para ajustarse, o los socios que sean entidades públicas, no lucrativas o de la economía social, que pueden superar ese tercio sin alcanzar el 50 %); y que las horas-año de los trabajadores indefinidos no socios no superen el 49 % del cómputo global de los socios trabajadores.

Decía: Si interviene más de una empresa, el promotor designa Coordinador de Seguridad y Salud (en proyecto y ejecución); además, aviso previo a la autoridad laboral y Libro de Incidencias en la obra.

Dice: El promotor designa coordinador en fase de proyecto cuando intervienen varios proyectistas, y en fase de ejecución cuando interviene más de una empresa, una empresa y autónomos o varios autónomos (puede ser la misma persona). Antes de empezar, cada contratista comunica la apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral con el plan de seguridad y salud (el antiguo aviso previo del promotor está derogado desde 2010). En la obra se lleva un Libro de Incidencias.

Decía: En vigor desde el 30/7/2024, con transposición y aplicación desde el 31/7/2026 (a los contratos celebrados a partir de esa fecha; armonización plena). Modifica la Directiva de venta de bienes 2019/771. Obliga al fabricante a reparar, a petición del consumidor, los bienes cubiertos mientras estén sujetos a requisitos de reparabilidad —también fuera de la garantía—, con piezas y herramientas a precios no disuasorios y sin trabas, y costes indicativos publicados en web. Crea el Formulario Europeo de Información de Reparación (condiciones y precio transparentes) y prorroga 12 meses la garantía legal cuando el consumidor elige la reparación como remedio. Establece una plataforma europea de reparación (puntos de contacto nacionales el 31/7/2026, interfaz europea el 31/7/2027, operativa el 1/1/2028).

Dice: En vigor desde el 30/7/2024; las normas nacionales de transposición se aplican desde el 31/7/2026 (armonización plena). Obliga al fabricante a reparar, a petición del consumidor, los bienes del anexo II mientras estén sujetos a requisitos de reparabilidad —también fuera de la garantía y con independencia de cuándo se compraron—, con piezas y herramientas a precios no disuasorios y costes indicativos publicados en web. El reparador puede entregar, si el consumidor lo pide, un formulario europeo de información sobre la reparación, que no es obligatorio y cuyas condiciones no pueden cambiarse durante 30 días naturales. La prórroga de 12 meses de la garantía legal cuando se elige reparar solo se aplica a las compraventas celebradas desde el 31/7/2026 (art. 21). Plataforma europea de reparación: puntos de contacto nacionales comunicados antes del 31/7/2026 e interfaz europea y plataformas nacionales operativas a más tardar el 31/7/2027.

Decía: En vigor desde el 30/7/2024 · transposición y aplicación desde el 31/7/2026

Dice: En vigor desde el 30/7/2024 · normas de transposición aplicables desde el 31/7/2026

Decía: 20 M€ o 4 % de la facturación anual mundial

Dice: Hasta 20 M€ o, en empresas, hasta el 4 % del volumen de negocio anual global, si es mayor (art. 83.5 RGPD)

Decía: Obligaciones del productor de residuos peligrosos y sanitarios (Ley 7/2022): comunicación previa a la comunidad autónoma e inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos, entrega a gestor autorizado con documento de traslado (DCS), archivo cronológico, memoria resumen anual (antes del 1 de marzo), plan de minimización y, en su caso, garantía financiera. IMPORTANTE: el detalle (umbrales, dispensas o regímenes simplificados para pequeños productores sanitarios, plataformas telemáticas) VARÍA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA y debe verificarse para cada cliente.

Dice: Obligaciones del productor de residuos peligrosos y sanitarios (Ley 7/2022): comunicación previa a la comunidad autónoma e inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos; contrato de tratamiento con gestor autorizado, notificación previa de traslado y documento de identificación electrónico en cada traslado (RD 553/2020); archivo cronológico electrónico conservado al menos cinco años (art. 64) y memoria resumen anual antes del 1 de marzo (art. 65); plan de minimización con informe cada cuatro años (art. 18.7) y seguro o garantía financiera (art. 20), de los que están exentos quienes generan menos de 10 t/año de residuos peligrosos por centro. El procedimiento y las plataformas los fija cada comunidad autónoma.

Decía: El RD 933/2021 (que desarrolla los arts. 3 y 18.1 de la LO 4/2015) obliga a registrar y comunicar telemáticamente los datos de viajeros y de los contratos de alquiler de vehículos sin conductor a través de la plataforma SES.HOSPEDAJES del Ministerio del Interior, obligatoria desde el 2 de diciembre de 2024. Exige recoger hasta 17 (o más) datos por estancia —identidad y transacción, con el parentesco de los menores—, comunicarlos en plazo y conservar los registros tres años.

Dice: El RD 933/2021 (que desarrolla el art. 25.1 de la LO 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana) obliga a registrar y comunicar telemáticamente los datos de viajeros y de los contratos de alquiler de vehículos sin conductor a través de la plataforma SES.HOSPEDAJES del Ministerio del Interior, obligatoria desde el 2 de diciembre de 2024. Exige recoger hasta 17 (o más) datos por estancia —identidad y transacción, con el parentesco de los menores—, comunicarlos de forma inmediata y como máximo en 24 horas, y conservar los registros tres años. Su incumplimiento se sanciona por los arts. 36.20 (grave) y 37.9 (leve) de la LO 4/2015.

Decía: RD 933/2021 · LO 4/2015 (arts. 3 y 18.1)

Dice: RD 933/2021 · LO 4/2015 (art. 25.1)

Decía: Obligación, vigente desde mayo de 2019, de registrar a diario el inicio y el fin de la jornada de cada persona trabajadora, conservar los registros cuatro años y tenerlos a disposición del personal, su representación y la Inspección de Trabajo. El papel y el Excel siguen siendo válidos hoy; la obligatoriedad del registro estrictamente digital está en tramitación (a 21/09/2026, sin publicar en el BOE; dictamen contrario del Consejo de Estado en marzo de 2026).

Dice: Obligación, vigente desde mayo de 2019, de registrar a diario la hora de inicio y de fin de la jornada de cada persona trabajadora, conservar los registros cuatro años y tenerlos a disposición del personal, su representación y la Inspección de Trabajo. La ley no impone un soporte (papel, hoja de cálculo o sistema digital): exige que el registro sea fiable y refleje la jornada real, y una hoja de cálculo que se puede cambiar sin dejar rastro puede no superar ese filtro. Registrar las pausas no es obligatorio salvo que lo diga el convenio, pero es muy recomendable. La obligatoriedad del registro estrictamente digital está en tramitación (a 21/09/2026, sin publicar en el BOE; dictamen contrario del Consejo de Estado en marzo de 2026).

Decía: Multas de la Inspección de Trabajo (LISOS) por infracción en materia de relaciones laborales

Dice: Infracción grave (art. 7.5 LISOS): de 751 a 7.500 €; el número de personas afectadas gradúa la cuantía (art. 39.2)

Decía: Fabricantes e importadores tienen obligaciones más amplias (registro de sustancias, notificación UFI).

Dice: Fabricantes e importadores de 1 t/año o más deben registrar sus sustancias; quien comercializa mezclas peligrosas (importador o formulador) debe notificarlas a los centros de toxicología con un código UFI (art. 45 y anexo VIII del CLP).

Decía: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02006R1907-20140410

Dice: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj

Decía: Toda empresa que use, distribuya, fabrique o importe productos químicos, sin umbral. Caso típico: usuario intermedio (peluquerías, talleres, limpieza profesional, hostelería, imprentas, agricultura, construcción).

Dice: Toda empresa que use, distribuya, fabrique o importe productos químicos. Las fichas de datos de seguridad y el etiquetado CLP afectan a toda la cadena sin umbral; el registro ante la ECHA, solo a fabricantes e importadores de 1 t/año o más por sustancia (art. 6 REACH). Caso típico: usuario intermedio (peluquerías, talleres, limpieza profesional, hostelería, imprentas, agricultura, construcción).

Decía: Debe comunicar la actividad a la comunidad autónoma, llevar archivo cronológico y almacenar los RAEE adecuadamente.

Dice: Por cada recogida debe dar un justificante al usuario (art. 23), anotar los RAEE en la plataforma electrónica de RAEE (arts. 18.1 y 55), almacenarlos sin dañarlos y entregarlos a su plataforma logística, a un gestor registrado o al sistema de responsabilidad ampliada; la comunicación previa a la comunidad autónoma corresponde a las plataformas logísticas (art. 37.2).

Decía: Control del radón en los lugares de trabajo (RD 1029/2022). Obliga a los titulares de actividades en planta baja o bajo rasante de municipios de actuación prioritaria a medir la concentración de radón (medición de larga duración, ~3 meses, laboratorio ISO 17025) y a compararla con el nivel de referencia de 300 Bq/m³; si se supera, a adoptar medidas correctoras (ventilación, sellado, extracción), informar a las personas trabajadoras y volver a medir. La Instrucción IS-47 del CSN (01/05/2025) aprobó el listado de municipios prioritarios (Zona II del DB-HS6 del CTE).

Dice: Control del radón en los lugares de trabajo (art. 75 del RD 1029/2022). Deben medir el promedio anual de radón (medición de larga duración, laboratorio ISO 17025) los titulares de lugares de trabajo subterráneos y de lugares donde se aprovecha agua subterránea, en cualquier municipio, y de todos los lugares de trabajo en planta baja o bajo rasante de los municipios de actuación prioritaria. El nivel de referencia es 300 Bq/m³. Si se supera, hay que reducir la concentración o la exposición (ventilación, sellado, extracción) y volver a medir, y declarar la situación ante el órgano competente de la comunidad autónoma: en un mes si alguna zona supera 1.000 Bq/m³ y, en los demás casos, en un año (art. 103 del RD 1217/2024). Las mediciones se actualizan periódicamente y se repiten tras obras que puedan afectar al radón (Instrucción IS-47 del CSN). La IS-47 (01/05/2025) aprobó el listado de municipios prioritarios (Zona II del DB-HS6 del CTE).

Decía: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-22513

Dice: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-21682

Decía: Lugares de trabajo situados en planta baja o bajo rasante (sótano/semisótano) en municipios de actuación prioritaria frente al radón (Zona II del DB-HS6, listado IS-47 del CSN). El disparador es geográfico y de emplazamiento, no sectorial.

Dice: Titulares de actividades en lugares de trabajo subterráneos (obras, túneles, minas, cuevas) y en lugares donde se procesa o aprovecha agua subterránea (balnearios, termas), en cualquier municipio; y todos los lugares de trabajo en planta baja o bajo rasante de los municipios de actuación prioritaria (Zona II del DB-HS6, listado IS-47 del CSN).

Decía: Vigente desde octubre de 2024; vigencia máxima de las medidas de cuatro años.

Dice: Vigente desde el 10/10/2024. La vigencia de las medidas es la que se pacte en el convenio o en el acuerdo de empresa: la norma no fija un máximo de cuatro años (ese límite es el del plan de igualdad).

Decía: Multas que pueden alcanzar 150.000 € y exclusión de la contratación pública

Dice: Se aplica la LISOS, no el régimen propio de la Ley 4/2023 (art. 76.1). El acoso o la discriminación por orientación o identidad sexual, expresión de género o características sexuales es infracción muy grave (arts. 8.12 y 8.13 bis LISOS: de 7.501 a 225.018 €), con posibles sanciones accesorias

Decía: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2024-20695

Dice: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2024-20402

Decía: El titular debe mantener las instalaciones mediante una empresa mantenedora habilitada (certificado de mantenimiento e informe, etiqueta de identificación en cada extintor, conservación de registros al menos 5 años), registrar la instalación en el órgano de industria de la comunidad autónoma salvo excepciones (p. ej. solo extintores y/o alumbrado de emergencia) y someterla a inspecciones periódicas (cada 10 años en general; cada 5 años en establecimientos industriales por el RSCIEI). El RD 164/2025 es obligatorio para los nuevos proyectos desde el 10/11/2025, fecha desde la que aplican también a los establecimientos industriales existentes las obligaciones reforzadas de mantenimiento.

Dice: El titular debe mantener las instalaciones mediante una empresa mantenedora habilitada (certificado de mantenimiento e informe, etiqueta en cada extintor, conservación de registros al menos 5 años) y registrarlas en el órgano de industria de la comunidad autónoma salvo excepciones. Inspección por organismo de control al menos cada 10 años (art. 22), salvo en viviendas, oficinas y centros docentes de menos de 2.000 m² y comercios, locales de pública concurrencia y aparcamientos de menos de 500 m² sin zonas de riesgo especial alto ni de almacén, y donde solo hay extintores o alumbrado de emergencia; en establecimientos industriales, al menos cada 5 años (art. 13 del Reglamento aprobado por el RD 164/2025). El RD 164/2025 es obligatorio para los nuevos proyectos desde el 10/11/2025.

Decía: Exige reciclabilidad (Design4Recycling), contenido mínimo reciclado en plástico, restricción de PFAS y bisfenol A, minimización del envase, etiquetado armonizado y una Declaración de Conformidad UE sin la cual ningún envase puede comercializarse desde agosto de 2026.

Dice: Exige reciclabilidad (Design4Recycling), contenido mínimo reciclado en plástico, minimización del envase, etiquetado armonizado y una Declaración de Conformidad UE sin la cual ningún envase puede comercializarse desde agosto de 2026. Desde el 12/08/2026 prohíbe los envases en contacto con alimentos con PFAS por encima de los límites del art. 5.5; el bisfenol A se prohíbe en otra norma, el Reglamento (UE) 2024/3190 sobre materiales en contacto con alimentos.

Decía: Fijada por cada Estado (en España, Ley 7/2022 de residuos: muy graves hasta 1.750.000 €)

Dice: La fija cada Estado antes del 12/02/2027 (art. 68). En España, mientras tanto, la Ley 7/2022 de residuos: infracciones muy graves de 100.001 a 3.500.000 € (art. 109)

Decía: Fabricantes, importadores, distribuidores y plataformas de productos en la UE, incluido el software y los sistemas de IA.

Dice: Fabricantes del producto o del componente, quien lo modifica sustancialmente y, si el fabricante está fuera de la UE, importador, representante autorizado o prestador logístico. Distribuidores y plataformas en línea solo de forma subsidiaria: si no identifican en un mes a un operador responsable (las plataformas, además, solo cuando presentan el producto como si lo ofrecieran ellas, art. 6.3 DSA). Incluye el software y los sistemas de IA.